Los optimistas de oficio sobre la evolución de la crisis sostienen que lo peor ya ha pasado, porque el ritmo actual de contracción de la economía es menor que el de hace unos meses.
Es una apreciación errónea, porque lo peor no habrá pasado hasta que nuestra economía vuelva a crecer, y además lo haga sin recibir inyecciones masivas de dinero público, de cuyo volumen sin precedentes en los últimos doce meses es fiel notario el descomunal incremento de la deuda pública en circulación del Reino de España: 112.207 millones de euros sólo desde junio de 2008 a junio de 2009, más del 10% de nuestro PIB.
Porque sin el aporte masivo de fondos del Estado (perdón, del contribuyente) y el consiguiente déficit público de talla XXL, el PIB en España se contraería en 2009 entre un 12% y un 15%, y no el mucho menos dramático 3,5%-4,5% que nos anuncian autoridades y analistas.
Por ello, cuando se nos dice que las cosas van claramente mejor, por indicadores como la EPA del segundo trimestre de 2009, que refleja un crecimiento del paro considerable pero bastante inferior al del trimestre anterior, conviene recordar que la leve mejoría en el aspecto enfermizo de nuestra economía se debe sobre todo a que se le ha inyectado a mansalva dinero público, algo que en ciclismo equivaldría al doping.
Lo malo, además, es que ese fortunón en dinero del contribuyente, que ha permitido reducir temporalmente la velocidad de deterioro de nuestra economía, no se ha utilizado para financiar las reconversiones productivas y reformas estructurales que requiere la economía española (las cuales no está habiendo coraje político ni patriotismo para poner en marcha), sino para cosas como:
• Las inefables obras del Plan E que, entre otras gollerías, están sirviendo para adecentar algunas de nuestras aceras, o cambiar de sitio la estatua de Colón en Madrid, transformaciones que, como todo el mundo intuye, harán que mejore de manera sustancial la productividad de nuestro tejido empresarial.
• Subir un 3,8% el sueldo a los funcionarios en plena crisis, pese a que esos afortunados compatriotas no pueden ser despedidos, mientras se contrataba a decenas de miles de nuevos servidores públicos –sin lo cual habría aún más desempleados, y es que mientras las empresas las pasan canutas y necesitan reducir plantillas para sobrevivir, la fiesta no decae en materia de contratación de nuevos funcionarios en la Administración Pública–, cuando en España deben de sobrar entre 500.000 y 1.500.000 funcionarios (había entre medio millón y un millón al morir Franco, según diversas fuentes consultadas, y ahora sobrepasan los tres millones, una cifra carente por completo de racionalidad económica).
• Impedir que quiebren no sólo las cajas de ahorro y entidades financieras cuyo colapso podría entrañar un peligro sistémico, sino también aquellas más pequeñas cuya bancarrota no hubiese puesto en riesgo al sistema financiero en su conjunto, por ser de tamaño reducido, y además habría evitado que el sector financiero quedase exento de la sanísima regla de que «el que la hace, la paga».
Y encima no parece haber mucha diligencia para empapelar a aquellos directivos de cajas y bancos, grandes o pequeños, por cuya pésima gestión a los contribuyentes nos van a ‘desempapelar’ de billetes los bolsillos, para pagar la cuenta del rescate de las casas de empréstitos que se pasaron de imprudentes, cuando no de algo peor.
Y lo peor de todo es que la economía española ya venía funcionando desde 2004 a base de sobredosis de deuda, aunque desde 2004 a 2007 se tratara de deuda privada.
Mientras el endeudamiento público se mantuvo prácticamente constante en dinero corriente desde 2000 a 2007 (y por tanto, disminuyó de forma sensible en porcentaje del PIB en los años de bonanza, aunque no se aprovecharan esos años felices para reducirlo de forma sustancial en términos absolutos), el endeudamiento total de la economía, impulsado por particulares y empresas al calor del boom inmobiliario, se disparó desde 2004, con picos como el de 2006, cuando llegamos a contraer cuatro euros de nueva deuda por cada euro de crecimiento de nuestro dopado PIB (!!!).
Escaso margen
El resultado es que nuestro endeudamiento total –público más privado– superará en 2009 el 225% del PIB, y que apenas queda margen para seguir dopando nuestra economía con nueva deuda neta, la contraiga el sector público o el privado.
Porque quienes nos han dejado dinero hasta ahora, en gran medida extranjeros, podrían darnos la espalda en cualquier momento por nuestro elevadísimo endeudamiento total. Y eso, de suceder, abocaría a nuestro Estado a la bancarrota, terrible escenario que por primera vez en la vida de la gran mayoría de los actuales españoles no es inverosímil.
Por ello, o acometemos en breve las reformas estructurales precisas para mejorar nuestra competitividad/productividad, suprimir lujos de nuevo rico y reducir nuestro asfixiante endeudamiento, y nuestro sector público se aprieta el cinturón de una vez por todas, como hacemos los españolitos de a pie y las empresas, o los actuales brotes verdes o semiverdes –que en todo caso, por estar regados con dinero público a chorros, no pasarían un control antidoping medio serio sobre su calidad como indicador de que la economía está mejorando de verdad y de forma sostenible– bien podrían acabar siendo pasto de las llamas.
Fuente: Expansión